Incapacidad permanente por depresión mayor de un trabajador de RRHH.
Reconocimiento de una incapacidad permanente por depresión mayor. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia reconociendo una incapacidad permanente total por depresión mayor, a un trabajador de control de personal y nóminas, que padece una depresión mayor, y que no puede desempeñar su trabajo.
Diké abogados presentó un recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Madrid, que desestimó inicialmente la incapacidad solicitada.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid si reconoce la incapacidad permanente por depresión mayor, para el desempeño de su puesto de trabajo habitual.
Depresión mayor
Sentencia del Juzgado de lo Social que deniega la incapacidad permanente por depresión mayor.
El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda de solicitud de incapacidad permanente por depresión.
Mantiene la sentencia que la trabajadora presenta “un trastorno depresivo moderado reactivo”, y que por tanto, está limitada para “tareas de responsabilidad, estrés, riesgo para sí o para otros”.
Continúa la sentencia afirmando que “el trastorno depresivo puede limitar para tareas que exijan especial dosis de atención, o de esfuerzo intelectual o de responsabilidad, pero no para aquellos de carácter burocrático que no conlleven tales exigencias”.
Por estas razones, dicta sentencia desestimando la demanda, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Diké abogados presenta recurso contra la sentencia. Analizamos el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sentencia del TSJ Comunidad de Madrid que reconoce una incapacidad permanente por depresión mayor.
El TSJ Comunidad de Madrid, en contra de lo mantenido por el Juzgado de lo Social de Madrid número 2, sí reconoce una incapacidad permanente total por depresión mayor.
Diké abogados solicitó la modificación de los hechos probados de la sentencia.
En primer lugar, consideramos que el trabajo desempeñado no es de empleado administrativo, sino que trabaja como jefa de la Unidad de gestión en el Ayuntamiento, realizando labores tales como:
– Gestión de nóminas y seguros sociales de unos 1.500 empleados.
– Dirección y control de documentación, etc.
El TSJ efectivamente considera que el puesto de trabajo desempeñado por nuestra clienta no es de empleado administrativo, sino que es jefa de unidad de gestión, circunstancia que tiene gran relevancia como se verá a continuación.
Además de la modificación del puesto de trabajo, solicitamos que se reconozca que la patología que presenta no es un trastorno depresivo moderado reactivo, sin que se trata de una depresión mayor, presentando las siguientes limitaciones:
- Incapacidad para realizar tareas de una mínima exigencia cognitiva por falta de concentración, apatía, anhedonia, cuadro depresivo severo, etc.
- Limitación grave para el mantenimiento de conversaciones con clientes y compañeros.
- Sufrimiento y penosidad para llevar a cabo cualquier trabajo de una mínima exigencia cognitiva.
- Falta de objetivos y de motivación laboral ante la persistencia y aumento de los síntomas ante cualquier actividad laboral reglada.
- Estrés que produce el empeoramiento de los síntomas de carácter general y sobre todo psiquiátrico y que cierra un círculo de mayor afectación psíquica, mayor incapacidad y ansiedad.
La patología que inicialmente presentaba de trastorno depresivo moderado reactivo, evolucionó a un trastorno depresivo mayor, lo que no constituye “dos diagnósticos distintos” como dice la sentencia del Juzgado de lo Social, sino el mismo que ha ido evolucionando a peor.
La suspensión de empleo y sueldo es una situación asimilada al alta.
Entiende el Juzgado de lo Social, que no puede entrar a valor si las patologías que presenta nuestra clienta son susceptibles de una incapacidad permanente total, porque no está dada de alta en la seguridad social, ni estar asimilada al alta.
En el recurso, Diké Abogados mantuvo que la trabajador está en situación asimilada al alta, por lo que el Juzgado de lo Social debió pronunciarse sobre si las patologías que presenta la incapacitan para su trabajo habitual.
Hay que tener en cuenta que la trabajadora fue sancionada por una falta muy grave, con una suspensión de empleo y sueldo. La suspensión de empleo y sueldo es una situación asimilada al alta, según reconoce el Tribunal Supremo Sala 4ª, de 4-6-2002, recurso 2240/2001, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí considera que se cumplen todos los requisitos para la concesión de la incapacidad permanente total.
Tareas de un empleado de control de personal y nóminas.
Como hemos dicho anteriormente, el puesto de trabajo desempeñado no es de empleado administrativo, sino que se trata de un empleado de control de personal y nóminas, cuyas tareas consisten en:
- llevar registros de asistencia, permisos y horas extraordinarias de los empleados.
- preparar y comprobar declaraciones de ingresos para los empleados.
- preparar los pagos y las prestaciones a los empleados mediante cheque o transferencia electrónica.
- revisar fichas de control, gráficos de trabajo, cálculo de salarios y otra información para detectar y conciliar discrepancias en las nóminas.
- verificar los datos de asistencia, horas trabajadas y ajustes de la remuneración.
Control de personal
Por tanto, concluye el TSJ de Madrid que “nos encontramos ante una profesión con requerimientos intelectuales de intensidad media alta, por lo que son incompatibles con sus dolencias y está por tanto afectada por una incapacidad permanente total”.
Conclusiones.
Debido a la patología principal de depresión que padece nuestra clienta, la misma no puede desempeñar su puesto de trabajo habitual de control de personal y nóminas.
Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección 3ª, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Madrid, y reconoce una incapacidad permanente total, y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social a que abone una pensión correspondiente al 75% de la base reguladora.
El reconocimiento de una incapacidad permanente total conlleva asimismo el reconocimiento de un 33% de discapacidad.
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